El crecimiento del mercado de escoltas y guardias personalizados refleja un aumento en la demanda por protección, pese a que la normativa aún no regula esta actividad.
En Chile, la oferta de seguridad privada ha dejado de limitarse a guardias en bancos o centros comerciales. Hoy, un simple aviso en internet muestra servicios de escoltas para acompañar a jóvenes en actividades deportivas, choferes que protegen a familias completas e, incluso, exagentes especializados que resguardan a ejecutivos y empresarios.
El abanico es amplio: va desde la elaboración de planes de seguridad para transporte de dinero y recopilación de información de inteligencia, hasta la simple compañía para quienes temen robos en carretera. Este fenómeno, antes reservado a celebridades o extranjeros, está comenzando a expandirse entre familias y compañías chilenas.
Eduardo Labarca, prefecto (R) y exfuncionario de la PDI, dirige una empresa que ofrece este tipo de servicios. Según explica, “los extranjeros ya están acostumbrados a contar con escoltas y eso se replica en Chile, especialmente en el mundo empresarial, donde se contratan choferes y asesorías de seguridad para ejecutivos y sus familias”.
La demanda se da en un contexto donde los delitos violentos han ido en alza. De acuerdo con la Fiscalía, durante 2025 se han registrado entre uno y dos secuestros diarios en el país —solo considerando las denuncias oficiales—, lo que refuerza la percepción de inseguridad.
Sin embargo, existe un vacío legal: la normativa vigente sobre seguridad privada no contempla explícitamente la figura del escolta. Esto significa que, aunque el mercado crece, se mueve en un terreno gris en cuanto a regulación.
El auge de estos servicios refleja una realidad cada vez más evidente: mientras Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región, la ciudadanía y las empresas muestran una creciente disposición a invertir en protección personalizada.
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