El aumento de los secuestros con fines de extorsión en el país ha encendido las alarmas en torno al rol que podría asumir la seguridad privada si el delito continúa diversificándose hacia nuevos sectores de la población.
El caso más reciente ocurrió en la Región Metropolitana, donde un empresario —propietario de la firma Ceroplas y expresidente del club de fútbol Audax Italiano— fue interceptado a plena luz del día por tres individuos armados frente a su lugar de trabajo. Los captores exigieron a la familia un rescate de $300 millones, y tras la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), cuatro personas de nacionalidad extranjera fueron detenidas.
Este hecho se suma al plagio del exalcalde de Macul, ocurrido en julio, cuando la víctima fue engañada a través de una aplicación de citas, mantenida retenida por más de 50 horas y liberada en Padre Hurtado.
Una tendencia en desarrollo
Según cifras de la Fiscalía, en 2024 los secuestros aumentaron un 2,1%, confirmando que 2022 marcó un punto de quiebre en la curva de crecimiento de este ilícito. Para la especialista en crimen organizado Pilar Lizana, este fenómeno responde a la consolidación del crimen organizado en Chile. “Comenzó con homicidios y ajustes de cuentas, pero ahora vemos un giro hacia delitos como el secuestro y la extorsión, usados tanto para disputas entre bandas como para mantener el control territorial”, explicó en entrevista con EmolTV.
Lizana advierte que, si la tendencia se mantiene, podrían transformarse en objetivo personas con alto perfil público o privado, y no solo individuos vinculados a actividades ilícitas. Esto abriría la puerta a un “mercado” en torno a la prevención y respuesta frente a secuestros, que en otros países incluye desde guardias armados y vehículos blindados hasta seguros especializados.
Seguridad privada en la mira
La experta plantea que la seguridad privada podría experimentar un crecimiento significativo, ofreciendo servicios de protección más sofisticados que los actuales. Entre ellos: planes de movilidad con rutas y horarios variables, transporte protegido para familiares y vigilancia preventiva en entornos de riesgo.
En la misma línea, Pía Greene, académica de la Universidad San Sebastián, señala que el Estado sigue siendo el principal responsable de garantizar la seguridad, pero reconoce que el sector privado tiende a adaptarse rápidamente a nuevas amenazas. “Si antes el problema era el robo de vehículos, y después apareció el portonazo, la industria de seguridad fue ajustándose. Lo mismo podría ocurrir con el secuestro extorsivo”, apuntó.
Ambas especialistas coinciden en que, si el delito se dirige a víctimas ajenas al mundo criminal, se requerirá una respuesta coordinada: políticas públicas más robustas, capacitación de fuerzas de seguridad y un eventual desarrollo de servicios privados de alto nivel para quienes puedan convertirse en blanco de estas organizaciones.
