El complejo escenario de seguridad pública que vive Chile ha llevado al Estado a reforzar el rol del sector privado en la protección de personas, instalaciones y bienes. Con la entrada en vigencia del reglamento de la Ley 21.659 sobre Seguridad Privada prevista para noviembre, las compañías deberán adaptarse a una normativa más exigente y con mayores sanciones por incumplimiento.
La nueva legislación establece exigencias técnicas y operativas para quienes prestan o contratan servicios de seguridad. Entre ellas, se incluye la obligación de denunciar hechos delictivos en un plazo máximo de 24 horas, conservar grabaciones vinculadas a delitos durante al menos dos años, e implementar sistemas de videovigilancia que cumplan con estándares específicos.
Las consecuencias por no acatar estas disposiciones no son menores. Las multas pueden alcanzar las 13.500 UTM en casos considerados gravísimos, además de la posible clausura temporal o definitiva de los locales involucrados.
Eduardo Hernández, abogado y gerente legal de la empresa ALTO Chile, especializada en prevención de pérdidas y seguridad corporativa, sostiene que muchas organizaciones aún no dimensionan la magnitud de los cambios:
“El Estado ha sido claro en que el mundo privado debe tener un rol activo y complementario en la seguridad. No se trata solo de contratar guardias, sino de contar con planes integrales por instalación, aplicar tecnologías específicas, y capacitar personal según el nivel de riesgo”.
Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es la redefinición de los criterios para establecer qué empresas están obligadas a adoptar estas medidas. Ya no basta con considerar el volumen de efectivo manejado; ahora se analizará el perfil de riesgo de cada operación, el cual será definido por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Esta categorización —en riesgo alto, medio o bajo— determinará el tipo de medidas a implementar, como cámaras corporales, lectores de placas patentes, o sistemas de control de acceso, así como la formación y acreditación del personal de seguridad.
Hernández subraya que es fundamental comenzar cuanto antes:
“El cumplimiento regulatorio en este tema no es solo una obligación, es una ventaja competitiva en un entorno donde la seguridad se ha vuelto una prioridad para la ciudadanía y los negocios”.
En este contexto, se recomienda que las empresas realicen un diagnóstico de brechas, desarrollen planes de seguridad por sucursal, verifiquen el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, y establezcan procesos de auditoría interna. Todo esto permitirá anticiparse a las fiscalizaciones y reducir el riesgo de sanciones.
“No basta con cumplir, hay que adaptarse a una nueva realidad. Las organizaciones que asuman este desafío de forma proactiva estarán mejor preparadas para enfrentar el clima de inseguridad actual”, concluye el experto.
Empresas enfrentan nuevas obligaciones por la Ley de Seguridad Privada ante el aumento de la delincuencia
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