El Ejecutivo dio el vamos oficial a la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que transforma completamente la regulación del rubro y traslada la supervisión y autorización de empresas y trabajadores del área a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Entre los principales cambios, la ley exige la certificación obligatoria de todas las empresas de seguridad, así como de guardias privados y vigilantes. Además, introduce la obligación de diseñar planes de seguridad según el nivel de riesgo de cada cliente o recinto, nuevos deberes de denuncia inmediata de delitos, mejoras en condiciones laborales, seguros obligatorios y la regulación del uso de elementos defensivos.
En el caso de eventos masivos con más de 3.000 personas, se establecen exigencias más duras tanto para los organizadores como para los dueños o administradores de los recintos.
El plazo de adecuación es de solo seis meses y ya comenzó a correr. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue tajante: no habrá extensiones. Quienes no cumplan en ese período quedarán automáticamente fuera de la legalidad.
Preocupación en el gremio privado
Cristian González, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada (AESP), reconoció que el mayor reto será la fase de implementación y alertó sobre posibles “cuellos de botella” en los procesos de acreditación. Por ello, solicitó al Gobierno reforzar la capacidad operativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
“El punto que más nos complica es que ahora toda la acreditación pasa directamente por la Subsecretaría, lo que puede generar saturación”, explicó González.
Por su parte, Juan Nicolossi, académico de la Universidad de Los Andes y especialista en seguridad, advirtió que el principal riesgo está en el financiamiento: “La Subsecretaría no dispone actualmente del presupuesto necesario para asumir esta nueva carga de trabajo de manera eficiente”, señaló. Además, puso en duda la continuidad de los recursos con la llegada de un nuevo Gobierno.
En total, cerca de medio millón de trabajadores —guardias, vigilantes privados, jefes de seguridad, porteros, rondines, operadores de cámaras y asesores— junto a cientos de empresas del sector, tendrán que cumplir todas estas exigencias antes de que venza el plazo de seis meses que ya está corriendo.
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